Comunicado de la Mesa Nacional frente a la Mineria Metalica

El Juzgado Especializado “B” de Sentencia condenó a los asesinos materiales de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, tras concluir la vista pública de dos días. Después de escuchar una veintena de testimonios y las declaraciones de un cómplice criteriado con oportunidad, que fueron contrastadas con las pruebas periciales, el tribunal mandó a la cárcel por cuarenta años a los principales criminales.


Ambientalista, promotor cultural y dirigente político, Gustavo Marcelo fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009. Destacaba por su oposición a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim y por sus críticas a la gestión del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista.


Este acto de justicia es resultado de la lucha de los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de importantes actores de la comunidad internacional que demandan justicia contra los responsables de los crímenes contra ambientalistas en Cabañas.


El proceso fue difícil, pues desde el inicio las autoridades fiscales y policiales omitieron investigar a los responsables intelectuales, definieron el caso como de delincuencia común y capturaron únicamente a pandilleros que actuaron como sicarios. Luego, la audiencia inicial fue suspendida tres veces; pero finalmente el proceso concluyó con la condena de los asesinos materiales.


Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia no es el final, sino el inicio de la lucha por la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de todos los crímenes contra opositores a las actividades mineras.


Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables intelectuales y demás autores materiales de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Así, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán indagar la procedencia de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió por su postura antiminera y sus críticas al alcalde de San Isidro.


De igual forma, aumentará la exigencia de identificar y enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla y las vejaciones contra Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim.


Aquí, las comunidades de Cabañas y la Mesa pedirán investigar, entre otras cosas, la procedencia de las fuertes sumas dinero utilizado para pagar a los sicarios que acribillaron a Ramiro y Dora, en medio de la conflictividad provocada por la presencia de Pacific Rim.


Ante la falta de investigaciones en los casos de amenazas a reporteros de Radio Victoria, atentado contra el padre Quintanilla y demás delitos contra defensores del medioambiente, la Mesa podría demandar a la Fiscalía y Policía por no acatar resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) e incumplir su función constitucional de persecución del delito.


Por ahora, la condena de los asesinos materiales de Rivera Moreno es una señal de la justicia posible. Entonces, ¡Bienvenida la justicia!

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.